El dinero de la corrupción en Venezuela supera cinco veces el monto calculado por el Banco Mundial para todo el planeta – Yo Soy Venezolano

El dinero de la corrupción en Venezuela supera cinco veces el monto calculado por el Banco Mundial para todo el planeta

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El exdiputado y exgobernador de Aragua, Carlos Tablante, presidente-fundador de la revista digital Cuentas Claras, afirma que con parte “de la plata que se robaron” en los últimos 17 años de Gobierno, “se compraron bonos de la deuda pública”. “Los corruptos venezolanos que se llevaron el dinero de Venezuela, no solamente obtuvieron las grandes ganancias producto de ese hecho, sino que además están recibiendo el pago de intereses puntualmente”.

I

Sustentado en la plataforma de cuentasclarasdigital.org, dedicada al seguimiento de la corrupción con la cooperación de expertos nacionales e internacionales, Carlos Tablante, incorporado al partido Voluntad Popular, está brindando asesoría al presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara (VP), que adelanta, junto con el presidente de la Comisión de Política Exterior, Luis Florido (VP), un trabajo para la sanción de una Ley Especial para la Recuperación de Bienes Producto de la Corrupción.

En el libro “El Gran Saqueo” estableció en 300 mil millones de dólares el dinero extraído de las arcas del Estado. “Yo creí que estábamos exagerando, pero de acuerdo al Banco Mundial, los dineros vinculados a la corrupción política llegarán, en todo el mundo, a unos 60 mil millones de dólares. Aquí ya estamos hablando de 350 mil millones de dólares.”

La ley que está en estudio habla de “recuperar” capitales. ¿Cuál es la diferencia con repatriar?

Repatriar es cuando, voluntariamente, al que tiene el dinero afuera, a través de una ley, se le ofrecen incentivos fiscales o seguridad jurídica y decide traerlo para tener mejor rendimiento. Recuperar es la palabra correcta que se usa según la Convención sobre la Corrupción de la ONU en relación a todos aquellos bienes, activos, capitales, vinculados a la corrupción pública o privada que causa daño al patrimonio de los países. En Venezuela se sustituyó el Estado de Derecho por un Estado Delincuente, cleptocracia o caquistocracia. Con la Ley Especial queremos centrarnos en lo que ha logrado mayor grado de impunidad entre los cómplices necesarios: el Gobierno y los operadores financieros privados.

En un Estado caracterizado por la opacidad administrativa y la falta de estadísticas, ¿cómo determinar cuánto dinero ha sido sustraído?

Es muy fácil saberlo. Se determina cuánto le entró al país desde que se puso en vigencia el control de cambio en el 2003, cuánta plata entró por la venta de petróleo. Si Venezuela ha tenido en la factura petrolera el 96% de sus ingresos, es fácil saber a través de Pdvsa cuánto petróleo se vendió y a qué precio, año por año. Se revisa la balanza de pagos, de eso cuánto se quedó en Pdvsa para sus propias inversiones y cuánto pasó al BCV para las reservas, cuánto fue al presupuesto de la Nación, que aprueba la Asamblea Nacional, y cuánto fue al presupuesto de las importaciones del sector público y privado, algunas a través de Cadivi, ahora Cencoex, o Corpovex. Cuando hicimos ese inventario de gastos e inversiones, no aparece en el registro de la balanza de pagos del Banco Central de Venezuela un porcentaje que pasa del 20%. Si logramos demostrar en la investigación que esa cifra es cierta, Venezuela sería el país líder del mundo en dinero que por la vía de la corrupción ha ido a engrosar las cuentas de la casta cívico-militar corrupta. Los conocidos boliburgueses.

¿Cuáles organismos tendrían que participar en ese rastreo para que sea efectivo?

Una unidad de análisis donde estén el BCV, la Tesorería, la información de lo que administraron Cadivi y Cencoex, el Ministerio de Finanzas. Eso con un grupo multidisciplinario profesional de contadores, economistas, expertos auditores.

¿A cuáles países preferentemente se han llevado esos capitales?

Esos capitales se mueven a Suiza, Hong Kong, Shangai, Qatar. Esos países podrían ser, según los bancos donde han aparecido estos casos que nosotros hemos pedido que se investiguen. Alguna gente dice que con parte de esa plata se compraron bonos de la deuda pública y de repente están en los propios Estados Unidos, a través de los grandes bancos de inversión, JP Morgan, por ejemplo. Como los bancos custodian los títulos venezolanos y no es fácil identificar al beneficiario final de esos títulos, buena parte del dinero pudiera estar en bonos de la deuda pública venezolana, con lo cual los corruptos que se llevaron el dinero de Venezuela, no solamente obtuvieron las grandes ganancias producto de ese hecho, sino que además están recibiendo el pago de intereses puntualmente, porque si algo no deja de cumplir el Gobierno es el pago de los intereses.

Se estarían pagando a sí mismos, en realidad.

Claro. Se robaron la plata, compraron con esos bonos y tienen su plata asegurada.

¿Eso podría explicar porqué en esta crisis humanitaria el Gobierno privilegia pagar deuda?

Yo también me pregunto si será que el interés que se tiene en pagar tan puntualmente la deuda es cumplirle a los señores que se robaron la plata de Venezuela. ¿Será que los tenedores de la deuda pública son los mismos responsables del saqueo que ha sufrido Venezuela?

¿Si llegara a demostrarse eso, esa operación tiene antecedentes en el mundo?

No, no los tiene. La otra cosa sin precedentes es que Venezuela sea el país número uno. De acuerdo al Banco Mundial, los dineros vinculados a la corrupción política llegarán, en todo el mundo, a unos 60 mil millones de dólares. Aquí estamos hablando ya de 350 mil millones de dólares. En el libro “El Gran Saqueo” nos quedamos cortos, dijimos que eran 300 mil millones de dólares y yo creí que estábamos exagerando. Pero con los economistas Asdrúbal Oliveros y Francisco Faraco, sacando cuentas… Si la emergencia eléctrica fueron 60 mil millones de dólares, si el saqueo cambiario por Cadivi fueron 250 mil millones, si los títulos valores en la Tesorería, más el movimiento que se hizo con el Sitme en el BCV, más de lo de Pdvsa…calculando todo aquello ponderamos ese monto: 350 mil millones de dólares. Pero luego de eso salieron Jorge Giordani, Héctor Navarro y los de Marea Socialista diciendo: “se quedaron cortos, eso pasa de 450 mil millones de dólares.

¿De ese total qué porcentaje se puede recuperar?

El 8 de julio vamos a hacer en la Asamblea Nacional, conjuntamente con la Comisión de Contraloría y la Comisión de Política Exterior, un foro internacional con expertos de Suiza, Perú y Argentina. Viene el doctor Oscar Solórzano, representante para Suramérica del Instituto de Basilea de Suiza que se ocupa de estos temas, y vienen el Fiscal superior de Perú, Joel Segura, que se ocupó de los 162 millones de dólares de una cuenta que tenía Vladimiro Montesinos en Luxemburgo, a explicar cómo fue que hicieron eso. Recuperar ese dinero no es fácil y tampoco quiero crear falsas expectativas de que va a ser de un día para otro. Nosotros queremos ir por la vía de acciones civiles y no las penales, por eso queremos que sea una Ley Especial.

II

Carlos Tablante insiste en que la cifra robada al país “es tan impresionante que requiere también de un esfuerzo muy profesional, con mucha asesoría y experticia”. Para ello el recuperador de capitales “será designado por las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, con un comité de postulaciones, con una hoja de vida impecable, reconocido por el país, sin ningún tipo de sospechas”.

En el debate que se dio en la Asamblea Nacional, durante la primera discusión de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, se mencionó que la recuperación de capitales producto de la corrupción formaría parte de ella. Usted habla de una Ley Especial.

Esa es una reforma de la Delincuencia Organizada, que es una ley penal. Nosotros, junto con la Comisión de Contraloría, preferimos la vía civil con una Ley Especial. De acuerdo al artículo 271 de la Constitución tenemos la posibilidad de iniciar acciones civiles que nos permitan la extinción del dominio de las propiedades de algunos de estos corruptos y las medidas de incautación preventiva cautelares de decomiso. Por ejemplo, en Banca Privada D’Andorra, se encontraron más de 2.000 millones de dólares vinculados a la corrupción de Pdvsa. La rogatoria que pidió la Fiscalía de Andorra a la Fiscalía General de la República de Venezuela aún no ha sido respondida desde 2012. Según la Fiscalía de aquí hay muchas de esas preguntas que la Fiscalía de Andorra pide que sean aclaradas requieren de una investigación que aún no ha sido terminada

¿Cuáles son las consecuencias de esa omisión?

Muchas de las personas que tenían las cuentas en Andorra, entre ellas Diego Salazar, que tenía más de 300 millones de dólares, al no recibir la Fiscalía de Andorra ningún tipo de reparos por parte de la Fiscalía General de Venezuela, le devolvieron los reales a esos señores. De acuerdo a la Convención Contra la Corrupción de la ONU cada país tiene una autoridad central que es a la que se le requiere información. Andorra dijo que sospechaba de movimientos ilícitos y preguntó a la Fiscalía de aquí.

¿Entonces la Fiscalía es responsable de que Diego Salazar haya recobrado ese dinero?

Claro, porque no respondió con relación a todo el entramado de negocios que se montó en Andorra.

¿En la Ley propuesta cómo sería el mecanismo para aplicar las demandas civiles y evitar omisiones como esa?

La idea es que la Ley cree la figura el Superintendente Contra la Corrupción con un cargo no permanente. No queremos ni sustituir las competencias de la Procuraduría General de la República ni las competencias de la Fiscalía General, ni las de la Contraloría General. Lo que queremos es poner a una persona que le responda al pueblo a través de la Asamblea Nacional, que es el verdadero poder popular. Ese Superintendente sería designado por las dos terceras partes de la AN, con un comité de postulaciones, con una hoja de vida impecable, reconocido por el país, sin ningún tipo de sospechas. Ese señor conformaría un equipo multidisciplinario. La cifra es tan impresionante que requiere también de un esfuerzo muy profesional y con mucha asesoría y mucha experticia.

¿Por qué el cargo del Superintendente no sería permanente?

Porque aspiramos a que esta Ley Especial no sea tampoco permanente. El proyecto se titulará Ley para la Recuperación Inmediata…, porque aspiramos a que más adelante funcione el Estado de Derecho, funcionen las instituciones y no tengamos la necesidad de acudir a una ley especialísima como esta para recuperar un dinero tan gran como el que se robaron.

¿Qué otras novedades trae el proyecto de Ley?

La de que a las personas que ofrezcan información que sea determinante para la recuperación se les dé un porcentaje de lo recuperado. Aún no hemos definido cuánto. Puede ocurrir que ladrón que roba a ladrón tenga cien años de perdón. También hemos pensando en la reparación del daño patrimonial. Si alguien, inquieto con su conciencia, dice que quiere devolver una parte de la plata… Eso en Estados Unidos se hace. Acaba de ocurrir con Roberto Rincón y Abraham Shiera. La otra parte se la va a agarrar el gobierno de EEUU, que en eso son expertos. Otra cosa será promover acuerdos con EEUU para que los que cometan delitos en Venezuela y se refugien allá como colaboradores de las autoridades no encuentren allí un territorio de impunidad. Si nosotros colaboramos en una investigación y somos diligentes, le podemos decir a los EEUU que vamos mitad y mitad, como pasa con el Chapo Guzmán. La Convención Contra la Corrupción nos ofrece un marco general pero, pero la Ley Especial nuestra tiene que ser sumamente cuidadosa para no entrar en conflicto con las leyes internas de los países donde esté depositado el dinero robado a Venezuela.

¿Cuáles podrían ser las incompatibilidades?

Con relación al debido proceso, cuidar el respeto a los Derechos Humanos, que los procedimientos estén jurídicamente bien soportados. Por ejemplo, Suiza es uno de los países donde buena parte de esos dineros van a ser depositados y estamos empeñados en ir más allá.

Konzapata.com / @ElviaGomezR


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