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Conoce qué leyes infringe el Gobierno al despedir personas por razones políticas

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El dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Rodríguez se unió a lo expresado por el primer vicepresidente de la tolda, Diosdado Cabello, de retirar de la administración pública nacional a todos aquellos ciudadanos que hayan participado en la recolección del 1% de las firmas para impulsar el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, violando varias legislaciones nacionales e internacionales que rigen la labor de los trabajadores.

Una de las primeras normativas que viola es la Ley del Estatuto de la Función Pública del año 2002, la cual regula el trato entre el empleado y el Estado, entre ellos el Título III referido a los Funcionarios y Funcionarias de la Administración Pública, en su articulo 16 dice: “Toda persona podrá optar a un cargo en la Administración Pública, sin más limitaciones que las establecidas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes, y entre los requsitos para ejercer ese cargo están: Ser venezolano o venezolana, no estar sujeto o sujeta a interdicción civil o inhabilitación política”.

Por su parte en el artículo 34, establece que sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes y los reglamentos, se prohíbe a los funcionarios o funcionarias públicos: 2. Realizar propaganda, coacción pública u ostentar distintivos que los acrediten como miembros de un partido político, todo ello en el ejercicio de sus funciones.

Ley del trabajo impide despidos masivos

Por su parte, el Capítulo III de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (Lottt) rige en su artículo 26 que “toda persona tiene el derecho al trabajo y el deber de trabajar de acuerdo a sus capacidades y aptitudes, y obtener una ocupación productiva, debidamente remunerada, que le proporcione una existencia digna y decorosa”. Asimismo, el Artículo 30 señala que “ninguna persona podrá impedirle el ejercicio del derecho al trabajo a otra, ni obligarla a trabajar contra su voluntad”.

Con respecto a las excepciones a la libertad del trabajo, la Ley establece que el ministerio con competencia en el área podrá impedir la sustitución de un trabajador o trabajadora que goce de protección especial del Estado, que haya sido despedido de manera írrita y la sustitución de trabajadores y trabajadoras en caso de despido masivo.

Además establece entre las causales de despido las siguientes:

Falta de probidad o conducta inmoral en el trabajo.
Injuria o falta grave al respeto y consideración debidos al patrono o a la patrona, a sus representantes o a los miembros de su familia que vivan con él o ella.
Hecho intencional o negligencia grave que afecte a la salud y la seguridad laboral.
Inasistencia injustificada al trabajo durante tres días hábiles en el período de un mes, el cual se computará a partir de la primera inasistencia.
Falta grave a las obligaciones que impone la relación de trabajo.

Con respecto a la estabilidad laboral, la Lottt establece que en su artículo 86 que “todo trabajador o trabajadora tiene derecho a la garantía de permanencia en su trabajo, si no hay causas que justifiquen la terminación de la relación laboral. Cuando un trabajador o trabajadora haya sido despedido sin que haya incurrido en causas que lo justifiquen, podrá solicitar la reincorporación a su puesto de trabajo de conformidad a lo previsto en esta Ley”.

La normativa también trata la inamovilidad laboral, con respecto a esto el artículo 94 indica que “los trabajadores y trabajadoras protegidos de inamovilidad no podrán ser despedidos, ni trasladados, ni desmejorados sin una causa justificada la cual deberá ser previamente calificada por el inspector o inspectora del trabajo. El despido, traslado o desmejora de un trabajador o trabajadora protegido de inamovilidad son contrarios a lo previsto en la Constitución y en esta Ley”.

La Lottt también establecen sanciones a quienes despidan a trabajadores con inamovilidad laboral. El artículo 531 señala que “el patrono o patrona que incurra en el despido, traslado o desmejora de un trabajador amparado o trabajadora amparada por inamovilidad laboral sin haber solicitado previamente la calificación de despido correspondiente se le impondrá una multa no menor del equivalente de sesenta unidades tributarias, ni mayor del equivalente a ciento veinte unidades tributarias”.

Constitución y leyes internacionales también protegen el derecho al trabajo

El Capítulo I de la Constitución Nacional, en el Artículo 21 establece entre las disposiciones generales que “todas las personas son iguales ante la ley, y en consecuencia: No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona”.

Artículo 87: Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El Estado garantizará la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda persona puede obtener ocupación productiva, que le proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho. Es fin del Estado fomentar el empleo.

Art 89 parágrafo 5: Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de política, edad, raza, sexo o credo o por cualquier otra condición.

Asimismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas señala en su artículo 23 que “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”.

Elcooperante.com


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