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Dilma Rousseff evitó inhabilitación política

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Dilma Rousseff conservará sus derechos políticos y los beneficios que la legislación le garantiza a los ex jefes de Estado tras la decisión del Senado de despojarla del mandato como presidenta de Brasil, según la sentencia leída hoy por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski.

Además de mantener sus derechos políticos pese a su destitución, la sentencia del Senado no la priva de los beneficios vitalicios a que tienen derecho los jefes de Estado al dejar el cargo, como a ocho funcionarios públicos para atender sus necesidades y a dos vehículos oficiales.

Pese a que se preveía que su destitución la condenaba automáticamente a la pérdida de los derechos políticos por un período de ocho años, como ocurrió en 1992 cuando Fernando Collor fue sometido a un juicio político semejante, un recurso presentado a última hora por el Partido de los Trabajadores (PT) salvó a Rousseff de la inhabilitación política.

Antes de la votación definitiva, Lewandowski advirtió que si Rousseff fuera inhabilitada no podría ni siquiera ser profesora o trabajar “en un merendero en una escuela pública”, ya que la inhabilitación comprende no sólo mandatos sino también cargos públicos.

Ante la petición del PT, el presidente del Tribunal Supremo aceptó realizar una primera votación para decidir si la presidente sería destituida y una segunda para establecer si se la inhabilitaba para “el ejercicio de cualquier función pública por el plazo de ocho años”.

En la primera votación, 61 de los 81 senadores votaron por la destitución y 20 la absolvieron, y en la segunda 42 parlamentarios se inclinaron por inhabilitarla, 36 por mantenerle los derechos y tres se abstuvieron. Pero la sanción exigía la aprobación de una mayoría calificada de dos terceras partes del Senado (54 votos) por lo que Rousseff consiguió mantener sus derechos políticos.

La presidenta destituida también conserva los beneficios de los ex jefes de Estado, por lo que podrá nombrar a ocho funcionarios de su preferencia para que le sirvan como asesores, guardaespaldas y conductores.

La ex mandataria también tendrá a su disposición dos automóviles públicos con matrícula oficial.

Igualmente tendrá derecho a regresar a su casa, en la ciudad de Porto Alegre, en un avión de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB), aunque no volverá a tener a su disposición las aeronaves oficiales.

El decreto que establece los beneficios también prevé que el Estado asuma los costos de la transferencia de sus pertenencias personales y del llamado acervo presidencial, principalmente documentos, hasta su nuevo lugar de residencia.

El mismo decreto, sin embargo, establece que tendrá que desocupar el Palacio de la Alvorada, la residencia privada de los jefes de Estado, aunque no prevé un plazo, y la priva de seguir recibiendo salario mensual del Estado de 30.000 reales (9.090,9 dólares).

Rousseff, que había sido separada provisionalmente del cargo el 12 de mayo mientras el Senado la sometía a un juicio, fue destituida de forma definitiva luego de que los senadores la hallaran culpable de crímenes de responsabilidad por las maniobras con las que intentó maquillar las cuentas públicas.

La sentencia confirma definitivamente como presidente a Michel Temer, vicepresidente de Rousseff y que venía ejerciendo como interino desde el 12 de mayo.

EFE


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