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15 años después la Fiscalía pide justicia para Linda Loaiza

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El caso de Linda Loaiza López Soto llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace un mes por la denegación de justicia sobre el episodio más atroz de violencia de género ocurrido en Venezuela. De hecho, uno de los principales argumentos esgrimidos ante el máximo tribunal hemisférico es la violación del debido proceso como un mecanismo de revictimización y, en definitiva, de impunidad.

El fiscal Jesús Gerardo Peña solicitó el 18 de noviembre a la Sala Constitucional resolver el recurso de revisión que el Ministerio Público interpuso en diciembre de 2015 para anular las sentencias que absolvieron del delito de violación al agresor de López Soto, Luis Antonio Carrera Almoina, y juzgarlo de nuevo.

Ante el Tribunal Séptimo de Juicio la Fiscalía había establecido que Carrera Almoina mantuvo cautiva a Linda Loaiza desde el 27 de marzo hasta el 19 de julio de 2001 y que abusaba sexualmente de ella entre tres y cuatro veces diarias. Sin embargo, la jueza Rosa Cadiz determinó que las pruebas no eran suficientes.

En el documento interpuesto hace un año ante el TSJ se destacan los testimonios de los médicos forenses José Moros y Sinuhé Villalobos. «Nunca había visto ese conjunto de lesiones», dijo Villalobos cuando fue interrogado.

El 22 de mayo de 2006 la jueza determinó que estaba suficientemente probado que la víctima había sido objeto de un abuso sexual violento y no consentido, pero no que el autor fuese Carrera Almoina. La benevolencia de Cadiz permitió que la pena impuesta al agresor se redujera a seis años y un mes de cárcel.

Silencio ante lo obvio

El razonamiento del Ministerio Público es sencillo: si el tribunal comprobó que Carrera Almoina mantuvo sometida a Linda Loaiza casi cuatro meses y que solo él podía acercársele; si también determinó que durante ese lapso la joven de 18 años de edad sufrió violencia sexual extrema, ¿quién si no Carrera Almoina pudo ser el autor material de tal delito?

Pero por obvia que parezca la respuesta, la Sala 6 de la Corte de Apelaciones, presidida por Rubén Darío Gracilazo, tampoco ofreció explicaciones convincentes y, según la Fiscalía, repitió el vicio de inmotivación que cometió el tribunal de primera instancia.

El Ministerio Público, que ahora trata de enmendar entuertos, tampoco fue diligente en el caso de Linda Loaiza, pues no impugnó oportunamente la confirmación de la sentencia absolutoria por la Corte de Apelaciones.

«En 2006, cuando yo pedí que me explicaran por qué no habían ejercido el recurso de casación, me respondieron que ya no había nada que hacer. Desde entonces estoy concentrada en impulsar la denuncia que formulé ante el sistema interamericano. No sé nada de este recurso de revisión ante la Sala Constitucional, pues no he sido notificada», indicó Linda Loaiza.

En manos de Gutiérrez

El fiscal Peña verificó que el recurso de revisión ejercido ante la Sala Constitucional está en etapa de sentencia. Sin embargo, que la ponente sea la magistrada Gladys Gutiérrez constituye un riesgo adicional, a propósito de los rumores sobre la permanencia en el cargo de la presidente del TSJ.

Si Gutiérrez sale de permiso indefinidamente, procedería una reasignación de ponente que alejaría la emisión de la respectiva sentencia. «Pero ya no espero nada de los operadores del sistema de administración de justicia venezolanos. Los fiscales y jueces tendrán que rendir cuentas ante la Corte Interamericana, porque tantas fallas y demoras también son violaciones de mis derechos humanos».

¿Dónde está Carrera Almoina?

En términos procesales, con el cumplimiento de la pena que se le impuso Luis Alberto Carrera Almoina saldó cuentas con la justicia. La Fiscalía no sabe si tuvo alguna restricción para salir del país y, en ese sentido, pudo ir a cualquier lugar del mundo para mantenerse a buen resguardo. En ese caso, lo único que ofrece el Ministerio Público es la posibilidad de extradición para que enfrente un nuevo juicio por el delito de violación. Todos saben que no sería sencillo.

El-nacional.com







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