Asedio a la Asamblea Nacional mantiene en ascuas su funcionamiento – Yo Soy Venezolano

Asedio a la Asamblea Nacional mantiene en ascuas su funcionamiento

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Asedio o bloqueo. Como se le desee llamar. Lo cierto es que los poderes Ejecutivo y Judicial no reconocen la legitimidad de la actual Asamblea Nacional (AN), que sigue legislando y acaba de renovar su junta directiva, a pesar de que desde el pasado 5 de septiembre de 2016 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la declaró en desacato.

El TSJ dijo que son “inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato a la Sala Electoral”.

La sentencia de desacato al Parlamento se dio el 28 de julio de 2016, luego de la juramentación de los diputados por Amazonas: Julio Ygarza, Nirma Guaruya y Romel Guzamana, a quienes se les tiene abierto procedimiento, debido a irregularidades en su elección.

José Enrique Molina, analista político asegura que la Asamblea ha seguido funcionando como una institución política, “pero en el nivel legal está totalmente anulada. En la práctica es como una disolución”.

El pasado 25 de octubre en su afán por buscarle una salida constitucional al mandato del presidente Nicolás Maduro, los legisladores aprobaron el inicio del juicio político al jefe de Estado. En respuesta a ello, el 15 de diciembre, el Poder Judicial declaró nula e inconstitucional la medida.

Lo mismo pasó con 11 de las 12 leyes aprobadas en el primer periodo del Poder Legislativo, el máximo tribunal del país las rechazó y desestimó con el mismo argumento de desacato.

Las decisiones tomadas por el parlamento “son una determinación de responsabilidad que se les ha dado. Lo que decretan son simples sanciones morales y gestos políticos sin valor legal”, dijo a la agencia AFP el abogado Pedro Alfonso del Pino.

Antecedentes polémicos

El jueves 5 de enero el Parlamento juramentó a su nueva directiva para el periodo 2016-2020, lo que avivó las acciones judiciales del sector oficialista. Anteayer introdujeron un recurso de nulidad contra la nueva directiva del Parlamento ante el Tribunal Supremo de Justicia y la Contraloría.

Héctor Rodríguez, diputado del PSUV, indicó que “la AN tiene que asumir la sentencia del TSJ. Esa directiva es ilegal e inconstitucional y cualquier manejo de recurso que hagan tendrá una responsabilidad legal”.

El diputado Stalin González, jefe de fracción de la Unidad, enfatizó que si proceden ambas denuncias quedaría en evidencia el control del Gobierno en las instituciones del Estado. González sostuvo que las amenazas no son nuevas. “El año pasado ocurrió lo mismo y nada nos detuvo. Emplearemos alguna fórmula”.

Los opositores reiteraron en distintas declaraciones que no acatarán ninguna sentencia. “Seguiremos ejerciendo nuestras funciones. Nosotros no daremos crédito a sentencias piratas. Si asesinar el revocatorio representó la muerte de la democracia, la disolución sería sepultarla”, advirtió Freddy Guevara, diputado de VP.

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