Estas son las limitaciones que recaen sobre El Aissami

En muchas países son cerradas las cuentas de las personas “consideradas de alto riesgo por ser clientes Ofac”. Existe la posibilidad de que el cliente, sobre quien recae la medida se ponga a derecho y demuestre si sus bienes y recursos son obtenidos de manera lícita.

“Una persona incluida en lista Ofac verá como poco a poco pierde sus instrumentos financieros (cuentas, tarjetas de crédito, acceso a financiamiento, medios electrónicos de pago). Pero además verá como su entorno laboral y familiar también comienza a ser afectado por un mayor escrutinio financiero internacional porque cada institución financiera evitará operar con ese entorno que es afectado directamente por el riesgo de contagio en materia de lavado de dinero”, señala Rebolledo en un artículo publicado en el blog Legalmente Hablante.

El individuo marcado por la lista OFAC, pierde también movilidad, pues en torno a él se encienden las alarmas en aeropuertos y aduanas a nivel internacional.

El abogado también explica que si estas personas tenían bienes fuera de su país de origen, no podrán hacer repatriación de capitales, aunque “curiosamente”, señala el abogado, podían hacerlo actualmente por medio del Sicad o Simadi, normas que a su juicio fueron emitidas con “cierta urgencia e improvisación”.

“En estos casos, si la persona no demuestra que sus bienes fueron obtenidos de manera lícita, el Estado venezolano podrá solicitar su reintegro, así como en su momento EEUU reintegró al gobierno peruano capitales producto de la corrupción de figuras como Fujimori y Montesinos. O Chile, que logró recuperar capitales en el banco Riggs de Pinochet”, indica el artículo.

¿A dónde van los recursos?

El destino de los bienes confiscados por legitimación de capitales dependerá del delito precedente que dio origen a dichos capitales.

Si son bienes o capitales producto del tráfico ilícito de drogas, en Venezuela esos capitales deben ser administrados por el Sistema Nacional de Bienes, un órgano que depende de la Oficina Nacional Antidrogas, explica el abogado.

Posteriormente, luego de una sentencia firme. Esos capitales pueden ser destinados a las instituciones dedicadas a la rehabilitación de personas afectadas por esas adicciones. De igual manera esos bienes y capitales deben ir a fortalecer los organismos que luchan contra ese delito, como la ONA, el Cicpc, la GN.

Si los bienes confiscados tienen como precedente el delito de secuestro, entonces esos bienes deberían regresar a los afectados que pagaron por la liberación y en el caso de corrupción los capitales deberían ser reintegrados al presupuesto de donde fue sustraído.

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